Pocos derechos son tan insustituibles en una sociedad democrática como el derecho a la propiedad privada que consagra el Artículo 33 de la Constitución Española.
Por obvio que resulte no hemos de dejar de repetirlo, ya que asistimos a una oleada regulatoria donde muchas de las medidas planteadas y aprobadas atacan directamente a este principio esencial de nuestro Estado de Derecho.
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